El abogado y constitucionalista Carlos Molina Mencos, comparte sus criterios sobre el funcionamiento y futuro de la actual Corte de Constitucionalidad.
¿Cree usted que la Corte de Constitucionalidad a responde a intereses políticos y económicos?
de repente apareció una caravana compuesta por varios vehículos agrícolas color naranja y vehículos de guardaespaldas. ¿Adivine quien era? Alejandro Sinibaldi en plena campaña política, no sé si por instinto pero bajé el vidrio de mi vehículo y le replique a uno de los acompañantes del candidato: “Oigan todavía no es época electoral” a lo que me contestó: ¡Se aguantan!
Entrevista Rossell ciorrex "caso Gerardi"
12:06
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Caso Gerardi:
¡Que se respete el debido proceso!
El Licenciado Marco Antonio Rossell, abogado defensor que pide la redención de penas de los militares implicados en el caso Gerardi, se muestra esta dispuesto a dar la batalla legal, y señala la ingerencia de grupos de presión para que no se cumpla la ley.
¿Van a salir los Lima?
-Si. Definitivamente van a salir, pues los inconvenientes que están deteniendo esto son solo de forma y no tienen fondo legal-
Existen supuestas anomalías en los expedientes que piden la redención de penas del Coronel Byron Disrael Lima y de su hijo ¿es cierto?
-Absolutamente Falso, se aducen “supuestas anomalías”, y se puede verificar que estos documentos fueron redactados, extendidos, confrontados y autorizados por las mismas autoridades del Sistema Penitenciario, por lo tanto gozan de toda validez.
¿Los firmo el Director General Eduardo Morales?
-Así es, y eso obra dentro de la ejecutoria 60-2006.
¿Por qué entonces el mismo director interpone una denuncia de falsedad?
-Eso parece mas una maniobra política que legal. El esta tratando de lavarse las manos pero la verdad es que todos los documentos existen, son reales y auténticos. Estas dudas serán esclarecidas a su debido tiempo por el Ministerio Publico.
La sala ¿puede revalorar las pruebas?
-No, por imperativo legal no puede hacerlo, ellos deberían respetar el articulo 430, que establece la intangibilidad de la prueba.
Se dice que los certificados de buena conducta de sus defendidos no tienen respaldo ¿Cómo explica eso?
-Ellos tienen todos sus certificados de estudio, trabajo y conducta, pero si se diera el caso de que no existan registros de buena o mala conducta en algunos centros de reclusión, esa no es responsabilidad de los detenidos, es un error del sistema y allí se aplica el principio constitucional de que todo aquello que beneficie al reo debe ser aplicado a su favor, esto se conoce como el INDUBIO pro reo.
¿Qué me puede decir de otras denuncias interpuestas en contra de los Lima?
-Son totalmente improcedentes. Me parece que van a ser excluidas por falta de merito. Por ejemplo la denuncia que puso el ex director del Sistema Penitenciario Alejandro Guiamatei, primero: no aporta pruebas, segundo lo hace 3 años depuse, tercero se equivoca de lugar y es mas no hay argumentos sólidos y en cuanto a la denuncia de que presento el Fiscal Jorge Mario García Mazariegos, por calumnia y difamación, nace muerta pues este señor no conoce la constitución en la cual específicamente se explica que los funcionarios públicos deben asumir este tipo de ataques por la calidad publica de sus cargos. Ambas denuncias están fuera de tiempo y cabria incluso sindicarlos de omisión de denuncia. Esto es una maniobra política sin bases legales.
¿Si la defensa va a desvanecer las objeciones, podría explicarnos como?
-Ratificamos la legitimidad de los certificados que avalan la buena conducta, trabajo y estudio. En cuanto a las demandas, esperamos que sean desestimadas pues carecen de base jurídica para proceder.
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¿Qué opina de la intervención de la ODHA , en este proceso de redención de penas?
-Es una acción absurda, pues no existe querellante adhesivo en el juzgado de ejecución. Es parte del protagonismo que ellos buscan a toda costa, y me parece ridículo que una entidad que proviene de la misma iglesia, se ensañe con un tema y se haga de la vista gorda en otros. En este caso en particular el accionar de la ODHA parece mas una agenda personal del Señor Nery Rodhenas, pues para el y sus afines ideológicos el solo hecho de que unos militares estén presos mas que justicia es una victoria política.
¿A que tipo de presiones cree usted que se esta enfrentando el Fiscal de Ejecución y el Fiscal General en este caso?
-Bueno, creo que responder eso seria muy atrevido de mi parte, pero puedo imaginar que estando en medio de un proceso eleccionario el Fiscal General, no puede ser ajeno al hecho de que es la misma sociedad civil que se pronuncia en contra de mis defendidos es la misma que a su vez lo puede vetar, señalar ensuciar etc.. Me parece que políticamente es delicado para cualquier funcionario y/o abogado colocarse en la mira de quienes hoy se atribuyen para si los plenos poderes de denunciar, calificar y condenar, esto sin mencionar que son los consentidos de la prensa. Definitivamente en este caso hay tráfico de influencias.
¿Cree usted que el caso se esta ventilando en la arena pública mas que la jurídica?
-Eso es obvio, están politizando el proceso jurídico. Esto contamina la objetividad de los que tienen en sus manos proceso.
¿Qué medidas piensa tomar para contrarrestar esto?
-Pues realmente, no nos queda mas alternativa luchar apegados a la ley demostrando que ellos son aptos para este beneficio y además vamos a solicitar la intervención de la Procuraduría de los Derechos Humanos, PDH, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos CIDH, y de varios organismos internacionales pues vemos con claridad que este caso hay trafico de influencias y que no se esta respetando el derecho al debido proceso.
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